
Las categorías adecuadas para valorar si un juez cumple su cometido no son si es “progresista” o “conservador”, de “izquierdas” o de “derechas”, “agnóstico” o “adventista del Séptimo Día”, sino si obra de forma “justa e imparcial” o no, y, por tanto, si es independiente. Quien quiera legislar, tiene la puerta abierta para abandonar la judicatura y presentarse a las elecciones.
El Tribunal Constitucional (TC) de España ha fallado una sentencia sobre la legalidad de la candidatura de Bildu para las próximas elecciones locales. Se trata de una agrupación política respaldada, entre otros, por dirigentes de la antigua Batasuna. Lo grave del caso es que cuando se planteó el caso al Tribunal Constitucional ya se sabía qué jueces iban a fallar en favor de la legalidad de Bildu y quienes en contra (para sonrojo de unos y otros). Su distinción dependía de qué partidos los había respaldado al ser elegidos como miembros del alto Tribunal. No es la primera vez que acaece esta “premonición” de pareceres.
Ahora nuestros políticos se ponen solemnes y piden respeto para las sentencias del órgano ¿judicial? Dicen acatar las sentencias y no criticar a los tribunales que ellos mismos han corrompido. Sí, corrompido (echado a perder, depravado, dañado, podrido), pues un tribunal parcial y sumiso es un tribunal corrompido, y este lo es en origen. Si no, ¿a santo de qué los políticos se dejan la piel en colocar a sus afines en el TC? ¿Por qué cambiaron la anterior ley para ser ellos, los dirigentes políticos, quienes decidieran quien formaba parte del TC? ¿Por qué acuerdan cuotas de reparto entre los partidos políticos para elegir a los jueces del TC?
Un Tribunal no puede ser una tercera cámara, el reflejo proporcional del poder político que impera en el Parlamento. Debe ser una institución IN-DE-PEN-DIEN-TE, al servicio de la Justicia y la Verdad.
¡Montesquieu, resucita, España te necesita!




