Nuestro futuro depende de nuestro pasado

La Asamblea Nacional Constituyente, formada por diputados de toda Francia, consumó a finales de 1791 la que sería la carta magna del país. En ella se fijaba, por ejemplo, la proporción de representantes que cada departamento había de tener en el poder legislativo. La nueva constitución establecía quiénes eran ciudadanos franceses; a saber: los nacidos en Francia de padre francés, los nacidos en Francia hijos de extranjero que hubieran fijado su residencia en el país, y los hijos de franceses nacidos en el extranjero que se asentasen en el país e hicieran el juramento cívico.

En el último de los artículos se decía claramente que "las colonias y posesiones francesas en Asia, África y América, a pesar de que formen parte del imperio francés, no están incluidas en la presente constitución".

Un par de décadas después, y en plena guerra contra los ocupantes franceses, las Cortes de Cádiz aprobaban una constitución para España. En su artículo número 1 se decía: "La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios". A partir de ahí se establecían en régimen de igualdad las obligaciones y derechos que todos los españoles (es decir, los de América y los de España) tenían.

Pero ello no era pura retórica; las Cortes españolas contaban con representantes de los virreinatos de Nueva España, Perú, Nueva Granada, Buenos Aires, y por cada una de las Capitanías Generales, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile y Venezuela. Algo absolutamente impensable en otras naciones europeas.

No era sino el reconocimiento de una realidad que venía desenvolviéndose al menos desde tiempos de Carlos V, la llamada Monarquía Católica.

Ironías de la Historia, la crisis de legitimidad que había comenzado con el motín de Aranjuez, se agravaría con las disputas internas desatadas a partir de la ocupación francesa llevando a los territorios americanos a su escisión y fragmentación.

Esta es nuestra Historia y desde ella deberíamos proyectar nuestro futuro.